A los cinco días de anunciar el inicio de una investigación previa por el delito de tráfico de influencias, debido a las supuestas amenazas y amedrentamientos que habría recibido el juez anticorrupción Carlos Serrano en un caso en el que sentenció un lavado de activos relacionado con el narcotráfico, la Fiscalía convoca para rendir versiones libres y sin juramento.

El origen de lo ocurrido contra Serrano sería la sentencia que emitió junto con otros dos jueces anticorrupción en el caso Euro 2024 contra el serbio Yezdimir Srdán, quien era identificado como la cabeza de una estructura destinada a ocultar y legitimar capitales provenientes del tráfico de drogas mediante la utilización de empresas, transferencias internacionales, adquisición de bienes y maniobras societarias irregulares.

Días antes de sentenciar al serbio y a otras tres personas ubicadas como autores directos a diez años de cárcel, un funcionario del Consejo de la Judicatura (CJ) habría citado a Serrano para hablar con otras personas. El juez anticorrupción se habría negado a esa cita, pero luego lo contactaron para recomendarle que tome en cuenta los argumentos de la defensa de Srdán. Por su seguridad, el juez Serrano grabó todo lo que le habían dicho.

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El día de la sentencia del serbio, habría quedado grabado en la audiencia vía telemática que el líder de este entramado criminal se pasó el dedo índice por el cuello como en signo de amenaza de muerte. Solo días después se reportó la existencia de un coche bomba en la parte trasera del Complejo Judicial Norte, en Quito, a la altura de las oficinas de los jueces anticorrupción.

Once días después de estos hechos, el juez Serrano fue informado que se le retiraban los “dos servidores policiales, técnicos, operativos que se encontraban como seguridad inmediata”. La decisión de la Policía se habría tomado con base en informes de varias unidades. Así consta en el documento que le fue presentado al juez.

“Frente a aquel desamparo”, el 4 de diciembre siguiente, él presentó su renuncia voluntaria irrevocable al cargo de juez del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. Sin respuesta a su renuncia, el 17 de diciembre Carlos Serano decidió no asistir a laborar y poco después salió del país.

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Quito, viernes 3 de octubre del 2025. El presidente del CJ, Mario Godoy, pidió licencia para preperar los argumentos que presentará ante el pleno de la Asamblea por las denuncias de corrupción e injerencias en el sistema de justica. Alfredo Cuadros, Marco Cárdenas, Mario Godoy, Magaly Ruiz, Damián Larco Fotos :API / Rolando Enríquez Foto: API

Para este martes, 23 de diciembre, a la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía se convocó a Felipe Rodríguez, abogado que dio a conocer en una columna de opinión, el 17 de diciembre último, la situación que atravesaba el juez Serrano. Mientras que para la mañana del miércoles, 24 de diciembre, el aún magistrado anticorrupción fue llamado a rendir versión vía telemática. En esa diligencia también se concretaría la entrega de varios audios grabados por el juez en relación con la injerencia que vivió.

Rodríguez ingresó al edificio de la Fiscalía General antes de las 10:00 de este martes. Desde su perspectiva cree que el actual presidente del CJ, Mario Godoy, debe renunciar al cargo, pues tendría, dice, responsablidad política en lo que ocurre actualmente y un “pasado que no es compatible con las funciones que desempeña”.

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El abogado piensa que si tiene futuro la investigación abierta por Fiscalía, no solo porque ya se hicieron públicos varios audios, sino también porque laevidencia escontundente. Lo que dice sorprenderle es la ’lentitud’ de la Fiscalía para reaccionar.

El convocado a rendir versión señaló que él está dispuesto a colaborar con la indagación y se remitirá a contestar lo que le consulte la Fiscalía, pero con base en lo que escribió en su columna de opinión en donde hizo la denuncia pública sobre el tema del juez Carlos Serrano.

Justamente la mañana del lunes último, 22 de diciembre, se conocieron tres audios en los que intervendría el juez Serrano y, en el primero, Henry Gaibor, director de Pichincha del CJ y amigo personal y mano derecha de Mario Godoy. Los otros dos audios tienen que ver con llamadas de una funcionaria de la Judicatura que le insiste al magistrado para que vaya al despacho de Henry Gaibor.

El audio relacionado con Gaibor habría sido grabado el 11 de noviembre pasado en el despacho del entonces director provincial de la Judicatura en Pichincha. En ese encuentro, Carlos Serrano no recibió órdenes directas, pero sí insinuaciones encaminadas a que se tomen en cuenta los argumentos de la defensa del serbio Yezdimir Srdán en el caso Euro 2024.

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Gaibor dice: “El pedido como tal, no me dijeron así o asado, en absoluto. (...) Solamente que le ponga atención, que es una defensa muy particular, pero que esta persona podría delatar quién habría contaminado. Insisto, espero estar dando bien el mensaje”. El juez Serrano le contesta: “Entiendo, entiendo. Lo que corresponda resolver, doctor”.

El entonces director del CJ en Pichincha le vuelve a decir al juez: “Tranquilo, yo solo cumplo con pasarle el mensaje. Pero me dijeron, por favor, es un caso muy particular. Que es un tema, creo que le han cogido por narcotráfico o lavado de activos, pero en realidad es narcotráfico o algo así. Pero sabe que soy medio malo para eso, porque no soy penalista, puedo equivocarme en los términos. Solamente que le ponga un poco de atención al tema, nada más. Yo sé que ustedes revisan, y lógicamente la acuciosidad del caso. Pero me dijeron: un poquito más de atención a la defensa que habrían planteado”.

Ante estos audios, el pleno del Consejo de la Judicatura solicitó la renuncia a Gaibor, quien en la tarde del lunes último confirmó haber dejado el cargo. En un comunicado, el hoy exfuncionario judicial habló de los resultados que obtuvo desde agosto de 2024, en que asumió funciones, pero no hizo referencia a los audios en los que intervendría.

Henry Gaibor también ha sido convocado para las 08:30 de este miércoles, 24 de diciembre, para ante la Fiscalía rendir una versión libre y voluntaria en la que explicará lo que conoce sobre los hechos indagados. (I)