Ecuador ejecutó la deportación del ciudadano colombiano Carlos B. L., alias Leitón, quien fue detenido en Quito y registraba una circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
El proceso administrativo se realizó tras confirmar que el individuo era requerido en su país de origen por el delito de acceso carnal abusivo con un menor de edad.
La detención de Carlos B. L. se concretó el pasado 31 de octubre durante el operativo denominado Cruzada por la Seguridad, realizado en el sector de San Antonio, en el norte de Quito.
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La Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional, en colaboración con la Subsecretaría de Migración e Interpol, logró localizar y capturar al individuo.
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Además de los requerimientos judiciales por el delito sexual en Colombia, este ciudadano era considerado una “amenaza” para la seguridad interna del Estado ecuatoriano.
Según los informes de inteligencia, alias Leitón estaba presuntamente vinculado a otras actividades delictivas de alto impacto en Ecuador, incluyendo robo a personas, sicariato, tráfico de drogas y acopio de armas de fuego. Su presencia representaba un riesgo latente para la estructura y la seguridad del país, lo que justificó la aplicación inmediata de la medida de deportación.
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🚨𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗡𝗝𝗘𝗥𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗔 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗣𝗢𝗟 𝗙𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗗𝗢 𝗗𝗘 𝗘𝗖𝗨𝗔𝗗𝗢𝗥
— Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) November 1, 2025
📍Quito | La Subsecretaría de Migración, en coordinación con la @PoliciaEcuador, a través de la Dirección General de Inteligencia DGI-UNIESCOP e #INTERPOL_HQ,… pic.twitter.com/HSPYpptBLk
El proceso de deportación se realizó en apego al ordenamiento jurídico vigente en Ecuador, específicamente bajo el amparo del artículo 143, numeral 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Dicha normativa faculta la expulsión de un extranjero al ser “considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del Estado”.
Estos procedimientos administrativos de deportación se enmarcan en las medidas extraordinarias adoptadas por el Estado ecuatoriano para contrarrestar la ola de inseguridad. (I)






















