"El que ingresa al crimen organizado, su salida es con la muerte", dice Policía sobre 'violencia criminal', que suma 681 víctimas y tiñe de sangre las calles del país

Por Unidad de Investigación Desde los 15 años Alexander León Vélez consumía ‘H’ y ‘Plo Plo’, una combinación de cocaína con bicarbonato de sodio y agua. A los 23, cuatro tiros acabaron con su vida. Dos hombres en una moto le dispararon la madrugada del 22 de febrero en la isla Trinitaria, en Guayaquil.A Diego Mayorga Molina la muerte lo encontró en el baño. Unos tipos irrumpieron en su vivienda, en la cooperativa Abel Gilbert Pontón 2 de Durán, y le dispararon; mientras a Carlos Camba Lucio, de 33 años, lo emboscaron y lo balearon en el bloque 5 de Bastión Popular , en el noroeste de Guayaquil. Carlos se había dado cuenta de que lo seguían dos hombres en una moto y corrió varias cuadras, pero los proyectiles lo alcanzaron en el portal de una casa.Jhonny Bowen Briones, alias Pachucho, en cambio, murió en su moto, cuando iba a visitar a su suegra a El Guabito, en Portoviejo. Varios hombres desde un auto le acribillaron, el 29 de enero. Su hermano Jorge y otros cinco amigos también murieron con disparos, mientras rezaban por el alma de Jhonny, el 5 de febrero. La lista de muertes violentas en el país es más larga este año y ha teñido de sangre las calles, de impunidad los juzgados y de llanto y temor los hogares. “En unos meses para acá estamos viviendo aterrados, estamos viviendo como en cárcel domiciliaria, encerrados en la casa”, lamentó nerviosa una dirigente barrial en Bastión Popular. En los meses de enero y febrero de 2022 se contabilizaron 681 asesinados a nivel nacional, un promedio de 340 muertes por mes, mientras que en el 2021 el promedio se ubicó en 234, según las cifras de la Fiscalía General del Estado. Los números de la Policía Nacional no coinciden, pero llegan a los 620 muertos en los dos primeros meses de este año, un promedio de 310 por mes.La Fiscalía y la Policía, que registran en sus archivos los nombres de los muertos, no los proporcionaron cuando este Diario lo solicitó, para este reportaje, el pasado 10 de marzo. “Estos casos gozan de reserva”, señaló por escrito la Fiscalía.De ahí que EL UNIVERSO buscó la información de los más de 600 fallecidos a lo largo de todo el país, y logró recopilar nombres de 439 víctimas, sus edades, lugar y hora de su deceso, arma y medio de transporte utilizados para el crimen, circunstancias en que murieron y sus antecedentes penales. Los asesinos se movilizan, según los datos analizados, en grupos de dos o tres, por lo general en motos, aunque también han usado autos, tricimotos, lanchas o, incluso, se han acercado y huido a pie. Así le pasó a Tulio Cedeño Vélez, de 36 años, el 13 de febrero. Estaba en su vivienda, en el barrio San José de Palestina (Guayas), mirando televisión cuando los sicarios entraron y lo acribillaron con un arma de fuego, el objeto de uso más frecuente en los asesinatos, según los datos recogidos por este Diario. “No se le robaron nada”, dijo una vecina de Tulio. La mayoría (94 %) de asesinados fueron hombres, casi todos al estilo sicariato. EL UNIVERSO revisó también los procesos judiciales y las denuncias de los 439 fallecidos que logró identificar en los dos primeros meses del año. El 41 % de las víctimas (182) tenía juicios o denuncias penales versus el 33 % (144) que no tenía antecedentes. El porcentaje restante (26%) constaba con procesos civiles (alimentos, deudas, peculado, divorcios, contravenciones de tránsito) o sus datos eran insuficientes para hacer una búsqueda exitosa en los registros judiciales. De los 182 asesinados que tenían antecedentes penales, 50 habían sido procesados por delitos de narcotráfico o tráfico de sustancias ilícitas, 60 por robo, 43 por tenencia ilegal de armas, el resto por asesinato, homicidios y femicidios .Los números señalan que las muertes que a diario se reportan en Guayaquil han afectado, en su mayor parte, a quienes han estado vinculados a actividades ilícitas o han sido parte, como señalan los procesos judiciales, de organizaciones delictivas. La Policía lo califica como “violencia criminal”, y ahí incluye las pugnas por captar territorios para vender drogas y también las ‘traiciones’ entre bandas de ‘robacarros’ y ‘robamotos’, incluso de robo a personas , delitos en los que a veces se producen muertes, ya sea del agresor o de la víctima. “El 90 % es violencia criminal y 10 % violencia interpersonal, riñas, problemas interpersonales y familiares”, explicó Dorian Balladares en enero pasado cuando estuvo al frente de la Dinased , Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro.Diego Mayorga, por ejemplo, recibió dos sentencias por tráfico de sustancias ilícitas, la última en abril de 2018, en que lo sentenciaron a 40 meses y le ordenaron rehabilitación por su adicción a las drogas, según los procesos judiciales.Ahí consta que Alexander León, también asesinado, fue sentenciado en 2018 a dos años de prisión por tráfico de drogas. “Le dije ‘’hijito, deja las drogas’, pero no me hizo caso, terminó muerto”, contó a la prensa su madre, Fabiola Vélez.Los hermanos Bowen, Jhonny y Jorge habían sido procesados por varios delitos. Jorge fue sobreseído en un juicio por el robo de un vehículo en 2013. En 2010 había sido investigado por tenencia ilegal de armas, en 2017 por tráfico de drogas y en 2018 y 2019 la Fiscalía le abrió dos investigaciones previas por causas que no constan en la Función Judicial.Jhonny, según los registros, fue declarado inocente ante una denuncia de asesinato en 2018, pero fue condenado a dos meses de prisión por tenencia ilegal de armas en 2021, año en que la Fiscalía se abstuvo de acusarlo en una causa por robo, y fue declarado inocente en un proceso de tráfico de drogas.Antes de que lo mataran, Carlos Camba había sido procesado por tenencia ilegal de armas y robo. El 12 de mayo fue detenido por asaltar un bus con un revólver, junto a otros delincuentes. Todos se declararon culpables para pedir una rebaja de la pena. Carlos fue sentenciado a 20 meses de prisión y salió en libertad el 12 de enero. Lo mataron el 6 de febrero. El aumento de la violencia criminal en las calles, analiza la perfiladora criminal Alexandra Mantilla, tiene su explicación en la reducción de la violencia carcelaria en los últimos meses, debido al control tomado por las Fuerzas Armadas y la Policía desde noviembre pasado, en que se dio la última masacre en el país. “Lo interno altera lo externo y viceversa. Si dentro de la cárcel no pueden tener un territorio dominado por la banda, lo van a hacer afuera”, dice la experta en seguridad. (I)Cayeron sin vida por resistirse a robos personales o de los locales que custodiaban, porque los confundieron con algún amigo o familiar, porque salieron en defensa de alguien o por estar cerca de los buscados por sicarios. De los 439 nombres de víctimas de muertes violentas recopilados por este Diario –en enero y febrero de 2022–, 144 (33 %) no tenían antecedentes ni denuncias, según la revisión de los 681 asesinatos registrados por la Fiscalía en ese periodo. Marianela Lastra Quedambu, por ejemplo, murió de balazo en la cabeza el viernes 25 de febrero cuando, a las siete de la noche, varios sicarios llegaron hasta su casa, en el barrio San Martín de Porres, de Esmeraldas. Algunos testigos dijeron que Marianela, de 78 años, salió en defensa de una de las personas de la casa, a quien supuestamente los sicarios buscaban para matar. John Cervantes Zambrano, de 21 años, fue baleado cuando trabajaba en su mototaxi y llevaba como pasajero a Freddy Rodríguez Guillén, alias el Diablo . Dos hombres en moto los alcanzaron en la vía Pedernales-El Carmen y les dispararon la noche del martes 15 de febrero. El Diablo había salido libre doce días antes, tras cumplir 20 meses de prisión por el delito de robo.La Policía presume que el doble crimen se debió a un ajuste de cuentas con el Diablo. John Cervantes estudiaba Economía en la Uleam (Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí), recién había comprado la mototaxi. “La estaba pagando”, dijo su hermano David, y agregó que John asistía a una iglesia evangélica. El aumento de las muertes violentas este año alarma a la población que ha visto como, en medio de los crímenes, han caído también víctimas colaterales, entre ellos niños, jóvenes, mujeres o adultos mayores. El experto en seguridad Daniel Pontón advierte que hay que tomar medidas para detener la criminalidad.En la masacre ocurrida el 21 de enero en el sector conocido como La Playita, en el Guasmo, mataron a cinco personas . De ellos tres no tenían antecedentes penales, según la revisión de este Diario. Ricardo Delgado Gilces, Joel Fernández Medina y Juan Sangotuña Malla estaban en una cancha deportiva cuando 13 sicarios llegaron en lanchas por el estero con fusiles, pistolas y ametralladoras, y abrieron fuego en ese espacio público.A Iván Cordero Quintuña y a Santiago Valencia Caicedo, de 55 y 56 años, los mataron porque se opusieron a que delincuentes les roben sus pertenencias, el 8 y el 28 de febrero. Iván se dedicaba desde el 2002 a la reparación de calzado, mientras que Santiago vivía de la pesca. A Iván le asaltaron en la cooperativa Flor del Norte, en el noroeste de Guayaquil, mientras que Santiago recibió tres tiros en altamar, le intentaron robar el motor de su embarcación. Luis Alberto Ruiz Noboa, de 40 años, fue asesinado en la sala de su casa, en Bastión Popular el 30 de enero. Desde la ventana, sicarios le dispararon tras confundirlo con su cuñado, comentó a la prensa Carlos Rivadeneira, jefe del distrito Pascuales. “Presumimos que el atentado no era contra el hoy occiso sino contra un familiar que tiene varios procesos penales, uno por muerte, otro por sustancias ilícitas, secuestro, robo”, lamentó. (I)

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