La Contraloría General del Estado no detectó el posible uso de recursos públicos en la campaña electoral del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, que propuso el presidente de la República, Daniel Noboa.

“Apenas arrancó la campaña electoral ahora para el referéndum y consulta popular iniciamos un operativo que estuvo activado todos los días. Hubo algunos vehículos detenidos, pero no... hasta el momento nunca detectamos que hubo recursos públicos en la campaña”, aseveró el titular de la Contraloría, Mauricio Torres, al ser consultado sobre el tema este 19 de noviembre.

Aunque, agregó, se hicieron operativos de control en los que se inspeccionaron vehículos oficiales que no tenían salvoconductos, pero que “no estaban en campaña”.

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El 9 de enero de 2025, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) suscribieron un convenio interinstitucional para “coordinar y ejecutar, en el marco de las competencias de cada uno, acciones de control específicas e identificar posibles infracciones electorales”.

La Contraloría vigilaría el uso de vehículos e infraestructura oficiales, así como la participación de servidores públicos durante el horario laboral en actos proselitistas.

El convenio se firmó a propósito de los comicios nacionales de primera y segunda vuelta de febrero y abril de 2025 y se lo habría aplicado para las votaciones del referéndum y consulta popular del 16 de noviembre.

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Este miércoles, al final de un acto de la Función de Transparencia y Control Social, se consultó al contralor Torres sobre los resultados que ha dado este seguimiento y anotó que no han detectado este tipo de irregularidades.

Respecto de las elecciones presidenciales y legislativas de febrero y abril pasado, refirió que el CNE abrió algunos expedientes. “Nosotros también abrimos” un expediente, dijo, pero no recordó sobre qué se trataba.

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La campaña de esta última elección duró trece días —entre el 1 y 13 de noviembre— y tuvo como actores a quince organizaciones sociales y políticas y al presidente Noboa, quien solicitó licencia cinco días para participar de eventos propagandísticos.

Pese a la declaración del contralor, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) hizo un llamado al CNE, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y a la Contraloría para se investigue el posible uso de recursos públicos en estos periodos electorales.

“El CNE, el TCE y otras entidades como la Contraloría General del Estado avancen de manera oportuna en la investigación de posibles casos de uso de recursos públicos para fines electorales, para lo que se puede aprovechar el Sistema de Interconexión de Datos que la ley prevé para el intercambio oportuno de información sobre el financiamiento político electoral”, señala una de las recomendaciones de la misión, en su informe preliminar divulgado el 18 de noviembre de 2025.

En el documento se relata que hubo personas entrevistadas por la misión que les informaron que, a pocos días de la jornada de votación, el Gobierno nacional anunció la entrega del bono denominado Legado de Honor, de $ 46 millones, para unos 100.000 policías y militares en servicio activo.

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Además de “estímulos a funcionarios públicos”, en relación con el pago adelantado del decimotercer sueldo, correspondiente a fin de año.

“Si bien se ha justificado que esas prestaciones obedecen al interés de reconocer el esfuerzo de los servidores públicos, la MOE/OEA ve con preocupación el hecho de que la entrega de recursos financieros a unos días de la elección pueda generar percepciones desequilibradas y posibles sesgos, en detrimento de la equidad en la contienda electoral”, señala el informe.

A la misión internacional también se le informó sobre la publicidad del Banco del Pacífico, que es una “sociedad anónima con participación estatal que destacaba la palabra sí en sus spots de radio y televisión.

No obstante, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aseguró que era una institución privada.

Su respuesta se dio frente a los cuestionamientos de representantes de organizaciones políticas durante el consejo consultivo que se realizó a finales de octubre, antes del inicio de la campaña política por el referéndum y consulta. (I)