La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia pone en duda el cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC) que dispuso identificar, con estudios técnicos, el financiamiento para la elección de los vocales de asegurados y de empleadores del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).















