Desde 2013, bajo el principio de descentralización, los municipios adoptaron competencias totales de tránsito, que incluyen la matriculación vehicular. Esto se dio paso con la aprobación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial en 2008, en la que se facultó a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos a solicitarla.