La situación de ‘los doce de Otavalo’ inculpados del delito de presunto terrorismo podría empeorar: la Policía Nacional de la Subzona de Imbabura se presentó como acusadora particular en este caso en el que el Estado pide sanciones por el incendio a instalaciones y bienes públicos y privados en el marco de las protestas por el paro nacional.